Introducción
Con menos de dos semanas restantes en la sesión legislativa de 2026, se introdujo un proyecto de ley altamente anticipado que busca reformar la regulación estatal de la inteligencia artificial. El proyecto surge como respuesta a una normativa previa de 2024 considerada excesivamente restrictiva por diversos sectores.
Propuestas principales del proyecto de ley
El texto legislativo se centra en regular la toma de decisiones automatizada que afecta a individuos en ámbitos críticos como educación, empleo, vivienda, servicios financieros, seguros, salud y servicios gubernamentales esenciales. Se define como decisiones consecuenciales aquellas que pueden influir significativamente en la vida de las personas.
Entre los requisitos clave, se establece que los usuarios de sistemas de IA deben ser informados sobre la presencia de la tecnología en el momento de la interacción y se les debe ofrecer la posibilidad de revisión humana y corrección de datos personales inexactos dentro de los 30 días posteriores a una decisión adversa.
El proyecto también introduce un esquema de responsabilidad compartida entre desarrolladores y operadores de IA, basado en el uso previsto del sistema, y elimina la responsabilidad conjunta y solidaria que generó controversia en la normativa anterior.
Implicaciones para los diferentes sectores
Se espera que las nuevas obligaciones sean más manejables para empresas de todos los tamaños, incluidas aquellas que utilizan IA para procesos como la selección de personal. La normativa reduce la carga de cumplimiento al eliminar la necesidad de evaluaciones exhaustivas de riesgos de discriminación y al limitar la obligación de ofrecer recursos de apelación a los consumidores.
El organismo encargado de la aplicación del proyecto será la autoridad estatal de protección contra la discriminación, sin crear un nuevo derecho privado de acción.
Conclusión
El proyecto de ley representa un compromiso entre los intereses de los grupos empresariales y los defensores de los derechos de los consumidores, ofreciendo una regulación menos onerosa pero que mantiene la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones automatizada. Su implementación está prevista para principios del próximo año, con la expectativa de que mejore la confianza en el uso de la IA en decisiones críticas.
