Un Nuevo Pacto Estatal y Federal para la Inteligencia Artificial
La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en nuestra sociedad a un ritmo, escala y magnitud nunca vistos en la historia moderna. Domina los medios de comunicación, los negocios, las finanzas, el entretenimiento y la atención política. Desafortunadamente, el debate sobre políticas públicas ha estado mal informado por hechos y lleno de grandes promesas de paraísos económicos o proyecciones de desastre. Equilibrar la política de IA requiere más cuidado, precaución y responsabilidad pública.
Puntos de Inflexión en la Política
Dos puntos de inflexión en la política requieren nuestra atención. Primero, debemos decidir si y cuánto la regulación federal debería prevalecer sobre las leyes estatales y locales. Segundo, el motor de la IA—los centros de datos—requiere una gestión y gobernanza que son similares a la infraestructura regulatoria evolucionada de los ferrocarriles, la electricidad y las comunicaciones modernas. Los detalles matizados de este conjunto de problemas requieren debates abiertos, cooperativos y públicos entre los estados y el gobierno federal.
Esto comienza con un acuerdo bipartidista de que estos temas son demasiado importantes para ser tratados a través de acuerdos legislativos a puerta cerrada, órdenes ejecutivas cuestionables o enmiendas adoptadas en silencio en legislaciones no relacionadas.
Desafíos de la Regulación Federal
El concepto de usar una orden ejecutiva para derogar y eliminar leyes estatales es incorrecto en múltiples niveles. Los estados poseen poderes policiales sobre la seguridad pública y la protección del consumidor. Existe una presunción en contra de la prevalencia, a menos que el Congreso de EE. UU. haya dejado clara su intención. Aquí, el Congreso no ha tomado ninguna acción que justifique la prevalencia, y derogar o anular leyes estatales sin la aprobación del Congreso es ilegal.
Responsabilidad Compartida
Los políticos estadounidenses son en su mayoría promotores de la IA. Muchos líderes políticos ven la IA como una lucha existencial por la dominación industrial con otros países. Sin embargo, según encuestas de opinión pública y acciones recientes a nivel local y estatal que regulan la IA, existe escepticismo o incluso hostilidad hacia la IA. Este desconecte no sirve bien a nuestro país. Debemos liderar en la adopción, desarrollo y uso de la IA, pero también debemos hacerlo con una regulación sensata, sencilla y equilibrada.
Normas Federales y Roles Estatales
El camino a seguir es compartir la responsabilidad entre los estados y el gobierno federal utilizando principios básicos. El gobierno federal debe tener un papel predominante en asuntos relacionados con la seguridad nacional y la defensa, así como la ciberseguridad. Esto incluye la seguridad de infraestructuras, la prevención de armas biológicas y químicas, materiales nucleares y delitos transnacionales.
Necesitamos estándares regulatorios federales sólidos y explícitos para asegurar la seguridad pública. En el corto plazo, medidas estatales como la Ley del Senado de California son un buen comienzo. Estas leyes de seguridad vinculantes son preferibles a las normas voluntarias de la industria.
Realidades de los Centros de Datos de IA
Los centros de datos de IA consumen cantidades extraordinarias de electricidad y agua para su refrigeración y afectan las redes eléctricas locales, los suministros de agua y los patrones de empleo. Los estados tienen décadas de experiencia gestionando estos problemas a través de sus comisiones de servicios públicos y agencias ambientales. Derogar la autoridad estatal en esta área eliminaría la experiencia necesaria para equilibrar el desarrollo económico con los intereses comunitarios.
Conclusión
Los desafíos que presenta la IA son significativos, y la forma en que los abordemos determinará si su transformación sirve al interés público o a un conjunto restringido de intereses corporativos. Debemos aprovechar esta oportunidad para crear un marco que promueva la innovación mientras protege a los ciudadanos, que respete tanto los roles federales como estatales, y que proporcione una verdadera responsabilidad a través de leyes efectivas.
