La Orden Ejecutiva de IA de Trump: Limitaciones y Contexto
La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump que busca frenar las leyes estatales relacionadas con la inteligencia artificial (IA) enfrenta serias limitaciones legales. La Constitución de Estados Unidos no otorga al presidente el poder para anular regulaciones estatales mediante una orden ejecutiva, y tampoco existe una delegación explícita del Congreso que le permita hacerlo en esta materia.
Esta orden aparece en un contexto en el que la industria de la IA ha invertido millones en campañas políticas para influir en legisladores y funcionarios. Sin embargo, pese a las amenazas expuestas en la orden, los estados continúan promulgando leyes para proteger a sus ciudadanos de riesgos asociados con la IA, como la discriminación, anuncios engañosos y deepfakes que pueden afectar procesos democráticos.
Contenidos y Medidas de la Orden
La orden instruye al Departamento de Justicia a formar un grupo de trabajo para impugnar leyes estatales consideradas «cargosas» y al Departamento de Comercio a considerar la retención de ciertos fondos relacionados con el apoyo a banda ancha a estados que adopten regulaciones estrictas de IA. También plantea evaluaciones y revisiones por parte de otras agencias federales para ejercer presión sobre los estados.
Limitaciones Legales
Más de 40 estados han aprobado más de 149 leyes enfocadas en la regulación de la IA y sus riesgos desde 2019, abarcando áreas como la contratación y la atención médica. Estas leyes son adoptadas tanto por estados con mayoría republicana como demócrata. La Cláusula de Supremacía establece que las leyes estatales deben cumplir la Constitución y las leyes federales, pero la orden ejecutiva de Trump no crea una ley federal específica ni puede invalidar automáticamente las leyes estatales.
Los intentos del gobierno federal para demandar o retener fondos basados únicamente en esta orden ejecutiva carecen de una fundación legal sólida. Las órdenes ejecutivas presidenciales no habilitan al ejecutivo para demandar directamente a los estados ni para derogar sus regulaciones.
Conclusión
En ausencia de una regulación federal clara y específica sobre inteligencia artificial, la orden ejecutiva de Trump representa más una estrategia política que una herramienta legal efectiva. Los estados están en posición de continuar defendiendo la seguridad y derechos de sus ciudadanos frente a los desafíos que plantea la IA.
