Ley de derechos de autor lista para regular la IA bajo la orden ejecutiva de Trump
El panorama legal para la inteligencia artificial está entrando en un período de rápida consolidación. Con la orden ejecutiva del presidente estableciendo un marco nacional para la IA, la era de reglas conflictivas a nivel estatal podría estar llegando a su fin.
Sin embargo, esto no significa una reducción en el riesgo legal relacionado con la IA. Marca el comienzo de un tipo diferente de escrutinio, centrado no en la innovación regulatoria, sino en el instrumento legal más poderoso disponible para los tribunales federales: la ley de derechos de autor.
La lección que emerge de los recientes litigios sobre IA es que la mayor responsabilidad potencial para los desarrolladores de IA no proviene de lo que sus modelos generan, sino de cómo fueron entrenados y de la procedencia del contenido utilizado en ese entrenamiento.
Importancia de los insumos
Hasta la fecha, ningún tribunal estadounidense ha sostenido que las salidas de un modelo de IA se convierten en obras derivadas infractoras únicamente porque fue entrenado con contenido protegido por derechos de autor. Por otro lado, utilizar un programa de IA para copiar e incorporar ciertos elementos protegidos es un asunto diferente y constituiría una infracción.
Los tribunales se han centrado en dos proposiciones establecidas. Primero, el entrenamiento con materiales adquiridos legalmente puede calificar como uso justo. Los casos recientes han sostenido que el uso de libros obtenidos legalmente en el entrenamiento a gran escala es “excepcionalmente transformador”, un factor importante que los tribunales consideran al determinar si un uso es “uso justo” o simplemente infracción.
Importante destacar, los modelos no reproducen ni apropian expresiones protegidas en absoluto; en la fase de entrenamiento, aprenden relaciones estadísticas entre palabras. Donde no se toma expresión protegida, no hay infracción y la cuestión del uso justo nunca se plantea.
En segundo lugar, el uso justo colapsa cuando el material subyacente fue adquirido ilegalmente. Esta distinción es ahora el centro doctrinal de gravedad. Cuando los datos de entrenamiento incluyen libros pirateados o contenido de dudosa procedencia, la defensa de uso justo se evapora.
Una vez establecido el uso ilegal, entran en juego las características punitivas de la Ley de Derechos de Autor, que prevé daños estatutarios de hasta $150,000 por obra en caso de infracción intencionada.
El caso Bartz como referencia
El fallo en el caso Bartz diferenció con precisión: el entrenamiento en obras compradas o licenciadas calificó como uso justo, mientras que el entrenamiento en copias pirateadas no. El tribunal encontró que el uso de libros comprados era “excepcionalmente transformador”, apoyando el uso justo. Sin embargo, la descarga y retención de más de siete millones de libros pirateados pesó en contra del uso justo, llevando a un juicio por daños.
La verdadera importancia del caso surgió cuando se certificó una clase de más de 482,460 titulares de derechos de autor cuyos trabajos aparecieron en conjuntos de datos descargados de bibliotecas clandestinas. Esto transformó daños modestos en una amenaza existencial, con responsabilidades potenciales que superan los $360 millones.
Impacto de la orden ejecutiva
La orden ejecutiva ha sido ampliamente descrita como desregulatoria, pero esta caracterización pierde de vista sus consecuencias estructurales. La orden recentraliza, en lugar de disminuir, el riesgo legal relacionado con la IA.
Primero, un estándar federal unificado significa que los tribunales federales dominarán la aplicación de la IA. La creación de una fuerza de tarea de litigios de IA en el Departamento de Justicia y la directiva al Departamento de Comercio para identificar leyes estatales conflictivas aseguran que las futuras disputas sobre IA migrarán exclusivamente a foros federales.
En segundo lugar, la ley de derechos de autor ya está completamente desarrollada y utilizada en los tribunales federales. La Ley de Derechos de Autor proporciona responsabilidad estricta, daños estatutarios sin necesidad de prueba de daño y mecanismos de acción colectiva.
Perspectiva futura
La orden ejecutiva puede limitar el caos regulatorio creado por mandatos estatales conflictivos, pero no eliminará el riesgo de IA. Cambiará el ámbito. Con la preeminencia nacional vendrá un escrutinio federal, y con el escrutinio federal vendrá una mayor dependencia de la ley de derechos de autor.
La estabilidad de la industria dependerá de si las empresas pueden demostrar que la base de sus modelos se apoya en datos obtenidos y licenciados legalmente.
