De Meta a Airbnb: Empresas Señalan Riesgos al Tratar con la Ley de IA de la UE
Más de 70 empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, incluyendo Meta Platforms Inc. y Adobe Inc., han advertido a los inversores sobre los riesgos que plantea la regulación de inteligencia artificial más amplia del mundo. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que establece obligaciones para proveedores, distribuidores y fabricantes de sistemas de IA, podría imponer altos costos de cumplimiento y obligar a las empresas a modificar sus ofertas de productos.
Preocupaciones Empresariales
Empresas como Airbnb Inc., Lyft Inc. y Mastercard Inc. han identificado la Ley de IA de la UE como un riesgo en sus informes 10-K recientes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.. Estas compañías han señalado que podrían enfrentar reclamaciones civiles y fuertes multas si se les acusa de violar la ley.
Según Minesh Tanna, líder global de IA en Simmons & Simmons LLP, esto refleja la posibilidad de una aplicación agresiva de la Ley de IA de la UE. La sección de «factores de riesgo» en los informes 10-K está diseñada para proteger a las empresas de reclamaciones por fraude de valores al señalar áreas potenciales de preocupación para los inversores.
Normativa y Cumplimiento
La Ley de IA de la UE, que entró en vigor en agosto, se suma a una lista existente de leyes relacionadas con tecnología y privacidad de datos. Sus primeras disposiciones, que bloquean usos de IA excesivamente riesgosos, comenzaron a aplicarse en febrero.
La ambigüedad sobre lo que la ley requerirá genera inquietud en las empresas. Elisa Botero, socia de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, señala que la verdadera comprensión de cómo se aplicarán las regulaciones será clave para las decisiones empresariales.
Preocupaciones Diversas
Las reglas basadas en riesgos de la ley buscan garantizar que los sistemas de IA en la UE sean seguros y respeten los derechos fundamentales, eliminando prácticas como el engaño basado en IA. La regulación también establece un marco legal para proveedores de sistemas de IA de propósito general, como el modelo de lenguaje GPT-3 de OpenAI Inc.
Según la firma de consultoría Gartner Inc., cumplir con la ley podría conllevar costos significativos, derivados de la contratación de nuevo personal, el pago a asesores externos o costos operativos adicionales.
Empresas como Airbnb han informado a los inversores que regulaciones como la Ley de IA de la UE “pueden impactar nuestra capacidad para usar, adquirir y comercializar” herramientas de IA y aprendizaje automático en el futuro.
La ley también podría requerir que el uso de IA se modifique o restrinja en los productos disponibles, dependiendo del nivel de riesgo involucrado, como ha indicado la desarrolladora de videojuegos Roblox Corp..
Consecuencias Inciertas
La aplicación de la ley de IA de la UE es complicada debido a los múltiples actores implicados. Aunque la Oficina de IA de la UE tiene la competencia exclusiva para regular sistemas de IA de propósito general, serán generalmente los funcionarios de los 27 estados miembros quienes apliquen las reglas sobre usos de IA de alto riesgo.
Las infracciones a los requisitos de la ley podrían resultar en multas de hasta 35 millones de euros (aproximadamente $36 millones) o el 7% del volumen de negocios global anual del año anterior, lo que sea mayor.
Divulgación Futura
Se espera que la señalización de riesgos de IA genere un efecto dominó a medida que las empresas aprendan más sobre la ley de la UE. Joe Jones, director de investigación y análisis para la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad, indica que las empresas leen los informes 10-K de otras, lo que puede crear un ambiente de cautela.
Las empresas necesitarán sistemas de gestión de riesgos robustos y empleados que comprendan todo el ciclo de vida del desarrollo de IA. Este año, las divulgaciones podrían generar más preocupaciones del público sobre la gobernanza de IA de las empresas.
Finalmente, la Ley de IA de la UE debe ser considerada por su poder de mercado, ya que se aplica no solo a las empresas que buscan expandirse a la UE en el futuro, sino también a aquellas que ya tienen clientes en la UE.