Los ajustes en los requisitos de derechos de autor de la UE en el Código de Práctica de la Ley de Inteligencia Artificial mantendrán el impulso del crecimiento de la IA, pero también crearán nuevos desafíos. Los reguladores de la UE se encuentran atrapados entre la ley de derechos de autor de la UE y la competencia global entre regulaciones nacionales de IA.
El Acta de IA de la UE, adoptada en 2024, busca seguir el curso regulatorio establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), pero enfrenta presiones crecientes para justificar sus intervenciones legislativas en el sector tecnológico. A medida que otros países desarrollan sus propias regulaciones de IA, parece que el Acta de IA de la UE se convierte más en un modelo simbólico que en un plano práctico.
La ley y la tecnología siempre han estado en una lucha constante, pero con la inteligencia artificial, el desafío se vuelve estructural. Los sistemas no son solo herramientas, sino infraestructuras de decisión que incorporan juicios de valor, intereses institucionales y suposiciones invisibles.
Las nuevas leyes de vigilancia biométrica de Hungría violan la Ley de IA de la UE al ampliar el uso de la tecnología de reconocimiento facial, incluso en infracciones menores y manifestaciones pacíficas. Esto genera un efecto de «enfriamiento» que desincentiva a las personas a ejercer sus derechos fundamentales, como la libertad de reunión y expresión.
La decisión de la Comisión Europea de abandonar la Directiva de Responsabilidad de la IA (AILD) representa un grave riesgo, ya que dejará a las empresas sin pautas legales claras. Esto no solo reducirá los incentivos para invertir en tecnologías de IA, sino que también generará incertidumbre legal en un entorno que ya es complejo y fragmentado.